La Contraloría, a través de un informe final, confirmó la ejecución de contratos irregulares por un monto cercano a los 700 millones de pesos, destinados a la conservación de caminos rurales indígenas.

Por estos hechos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició un sumario interno que a la fecha mantiene a cinco inspectores fiscales suspendidos de sus funciones y dos desvinculados.

Los hechos investigados corresponden a obras realizadas entre enero del 2016 y diciembre del 2017, donde fueron cancelados montos millonarios por obras que no fueron finalizadas y en otro casos no se ejecutaron en relación a las especificaciones técnicas.

Antecedentes que quedaron en evidencia luego de la publicación de un pre informe emanado por el ente contralor, datos que finalmente fueron confirmados.

El seremi de Obras Públicas, Henry Leal, se refirió a estos hechos catalogados por él como graves, donde existen contratos irregulares por una suma cercana a los 700 millones de pesos, concentrándose estos casos en las comunas de Lonquimay, Melipeuco, Purén y Lumaco principalmente.

La autoridad regional confirmó además que será la misma Contraloría quien inicie el proceso sancionatorio, agregando que de manera interna se han tomado medidas en contra de siete inspectores fiscales, algunos con más de 20 años de servicio.

En esa misma línea, y buscando renovar al personal a cargo de estas labores, el seremi de la cartera anunció que desde el MOP iniciarán un proceso de contratación de nuevos inspectores fiscales, buscando poner fin a este tipo de irregularidades.

En el informe de la Contraloría queda establecido que se iniciará un proceso sancionatorio por estos hechos, los que igual se encuentran en manos del Ministerio Público.