Hasta ahora el avalúo de las especies patrimoniales recuperadas en el fundo Las Casas (San Francisco de Mostazal), propiedad del empresario Raúl Schüler, asciende a más de $ 275 millones. Esta cifra la dio a conocer hoy el fiscal Emiliano Arias durante la audiencia de formalización a la que fue sometido el empresario bajo tres cargos: receptación reiterada, infracción a la ley de Monumentos Nacionales e infracción a la Ley de Armas. Bajo esa argumentación, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva.

La apropiación de 21 estatuas, dos cofres de plata y dos candelabros que son monumentos nacionales robados -a juicio de la fiscalía- dan cuenta de una actividad prolongada en el tiempo. Esto porque las referidas especies fueron sustraídas en un período de 13 años, desde 2003 a 2016; y todos estos bienes fueron adquiridos por el imputado sin tener la documentación u otros antecedentes que justifiquen su legítimo traslado, mantención y tenencia.

Y si bien aún falta un peritaje para el avalúo final, dentro del actual arqueo la estatua Nº6, correspondiente a la de una mujer de pie, con su brazo derecho extendido hacia abajo y en cuya mano tiene un ramo de flores, lidera las tasaciones individuales con un valor aproximado de $ 100 millones. Esta obra, rescatada desde una de las propiedades de Schüler, fue robada desde el patio 15 del Cementerio General de Santiago en 2013.

Entre las penas que podría arriesgar el empresario, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, dijo que, de acreditarse los delitos, “lo mínimo son tres años y un día por la receptación, tres años y un día por la infracción a la Ley de Monumentos Nacionales; desde cinco años y un día a 10 años, por el control de armas”.

Falta de mantención

De acuerdo a la formalización del Ministerio Público, las especies recuperadas por la Bidema de la Policía de Investigaciones (PDI), presentan evidentes signos de falta de mantención, afectando la integridad de las mismas, muchas de las cuales presentaban fracturas y rastros de óxido, corrosión y reparaciones recientes realizadas por personal no autorizado, dejándolas en la imposibilidad de ser fiscalizadas y restauradas por la autoridad competente.

Según el ente persecutor, el imputado “no pudo desconocer el origen robado de las mismas, toda vez que se ha declarado públicamente como coleccionista de arte y antigüedades. Dos de sus propiedades ubicadas en la Región Metropolitana son arrendadas a tiendas de arte y antigüedades; su domicilio es una acumulación de obras de arte, montando un parque de esculturas privado con obras que ostentan la calidad de Monumentos Nacionales, y cuyo comercio se encuentra estrictamente restringido y normado”.