El Tribunal Constitucional (TC) declaró este jueves como inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia para la Ley de Aborto en Tres Causales.

La decisión fue adoptada por ocho votos contra dos por parte del pleno del TC.

El recurso presentado por senadores de Chile Vamos cuestionaba que instituciones privadas con convenios de prestación de servicios con el Estado pudieran acogerse a la objeción de conciencia institucional. Esto, a raíz de un dictamen de la Contraloría que en mayo de este año dictaminó que estas entidades no podían negarse a interrumpir embarazos ya que formaban parte de la red pública de salud.

Un dictamen que en su momento el gobierno dijo que no compartía, pero que le correspondía acatar.

En medio del proceso de alegatos, un grupo de exministros de Bachelet presentaron un «téngase presente» buscando defender el espíritu del proyecto aprobado en la fase final del segundo mandato de la socialista.

«Queremos que los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes sean resguardados efectivamente por el Tribunal Constitucional al amparo de la ley que establece el aborto», explicó ayer el ex titular de la Segpres, Gabriel de la Fuente.

Junto con esto, De la Fuente calificó de llamativo el hecho que el Ejecutivo no se hiciera presente durante la fase de alegatos: «tiene que haber una explicación de por qué el Gobierno no está defendiendo su reglamento, la verdad que eso es bien inaudito, insólito y llama mucho la atención».

Van Rysselberghe: «Esto era un chantaje»

Una de las primeras reacciones a la decisión del TC fue de la presidenta de la UDI y principal impulsora del recurso, la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

«Esto significa que el Estado no puede obligar a un privado a hacer abortos, aunque tenga un contrato firmado por otra razón con el Estado», afirmó a radio Pauta.

Para la timonel UDI el estado actual de la norma «era un chantaje. O hace abortos o no puede hacer la función que sí le interesa hacer».