Fue noticia a fines del mes pasado: a contar de este septiembre, el monto del sueldo mínimo ascenderá a 288 mil pesos, en marzo de 2019 subirá a 301 mil pesos y así se quedará durante 24 meses.

Frente a este “logro”, pienso en qué le proponemos a los que ni siquiera pueden soñar con un mínimo. Hablo de los jóvenes excluidos de la educación, las mujeres inactivas, los migrantes, los adultos sin escolaridad completa, las personas que viven en la calle, los discapacitados… Un universo que supera las más de 600 mil personas en situación de pobreza, en edad de trabajar y con potencial de emplearse, pero que tienen barreras que les impiden aspirar a un empleo formal y decente.
¿Cómo nos hacemos cargo de potenciar a estos miles de “aspirantes” o asumimos que su destino es apagarse en la inactividad, la precariedad de lo informal o su propia autoexclusión?

En Chile, llevamos más de una década escuchando hablar de la importancia de incluir laboralmente a estos grupos excluidos, pero no se ha avanzado en metodología ni en generar evidencia que ilumine el camino de futuras políticas públicas en materia de intermediación laboral. Lo que más se escucha es la necesidad de capacitar, esfuerzo que se ha demostrado no es sinónimo de inclusión laboral, ni garantiza en absoluto el poder conseguir un empleo y menos mantenerlo. Frente a esta evidencia, no puede ser que hoy en Chile, por cada 50 pesos que se invierten en capacitación en el Sence, se destine menos de 1 peso a la intermediación laboral.
En Francia y Suecia, por citar algunos ejemplos exitosos del hemisferio norte, para potenciar la empleabilidad y la permanencia en un trabajo de las personas más vulnerables, se invierte en una metodología efectiva, con diagnóstico y acompañamiento, con formación y una ruta laboral en función de la realidad y competencias de los potenciales trabajadores. En estos grupos, no funciona “el plan común”.

Cuesta imaginar una política social más rentable que esta que han desarrollado franceses y suecos como vehículo de transformación social para personas adultas en pobreza y exclusión extremas, porque en estos grupos, entre quienes son parte de los primeros deciles, no opera ninguna “magia” ni la de las redes, ni la de los contactos, ni la de los apellidos. Es responsabilidad del Estado comprometerse y desarrollar una política seria de intermediación y activación laboral, para no seguir desaprovechando el talento de estas más de 600 mil personas.

En fundación Emplea, en nuestro centro C-Lab, trabajamos por ellos. Usando la jerga empresarial, somos un headhunter para los más excluidos, de los que tienen más desventajas, y para sumarlos al mundo del trabajo, necesitamos de la ayuda de todos, para que ellos, los que no tienen nada, puedan soñar y luchar por lo mínimo. Eso, para empezar.

Por Ricardo Délano, director ejecutivo de fundación Emplea