La bancada de diputados DC ingresó un requerimiento en la Contraloría General de la República «para que se declare la ilegalidad de los actos de los intendentes, gobernadores y jefes superiores de servicios que han ocupado recursos públicos, plataformas web y redes sociales institucionales, financiadas con recursos de todos los chilenos, para hacer proselitismo político y críticas políticas a la oposición”.

El texto, firmado por los diputados Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi, Mario Venegas y Raúl Soto, fue ingresado esta mañana por este último, quien señaló que “el Gobierno, mediante una campaña orquestada y pauteada a través de todo Chile, llevada a cabo a través de sus autoridades, pretende deslegitimar una postura del Congreso que es válida, autónoma e independiente”.

Además, Soto precisó que “lo que ha habido es una verdadera campaña de la posverdad, una campaña de desinformación que lo que hace es mentirle al país y a la ciudadanía, para desconocer la realidad y no asumir el fracaso del Gobierno en el reajuste al salario mínimo. Esta campaña ha sido liderada por el presidente Piñera, secundada por los ministros Monkeberg y Larraín y ha tenido una bajada comunicacional, que es grave e ilegal, en todas las regiones del país”.

Por último, el diputado DC aseguró que “el Gobierno, por un lado, quiere llamar a grandes acuerdos y, por otra parte, establecen una política de violencia contra los parlamentarios de oposición y eso no lo vamos a permitir. Por eso, la bancada DC ha decidido ingresar esta presentación donde incluimos las acciones de diversos intendentes y gobernadores».