Héctor Arancibia, presidente de la agrupación Comercio Unido, que congrega a la gran mayoría de los locatarios del comercio establecido de Valparaíso, manifestó la molestia de su gremio con el municipio porteño respecto a la política que han tenido respecto al comercio ambulante en la comuna.

Tras reunirse con la gobernadora María de los Ángeles de la Paz, el dirigente aseguró que con el municipio «hay muy poco diálogo. Este año ha sido nulo todo lo que tenga relación con el comercio» y agregó respecto del comercio informal que «no hay ningún tipo de fiscalización».

Arancibia señaló que «el comercio ambulante, desde principios del 2017 a la fecha, se ha incrementado en más de un 150%, porque de 3 mil que existían vamos en una cifra sobre 7 mil. Esto está desbordado y no se ve, por parte del municipio, una acción que vaya en apoyo para el comercio establecido”.

El diagnóstico del dirigente es que «hay menos personas trabajando, hay locales que han tenido que despedir al personal o cerrar. El 2017, solamente en el sector de calle Esmeralda a Condell, cerraron 32 locales, algunos hasta dos veces cambiaron de dueño. Y en lo que vamos de este año, en el mismo tramo, ya son 18 los locales y tenemos cerca de cuatro o cinco locales que están con un pie en el cajón”.

Finalmente, pidió al municipio que «hagan algo en la ciudad. Una cosa es el comercio ambulante, que nos afecta a nosotros con un comercio completamente desleal en comparación con todos los gastos que tenemos que hacer, pero además, es que esto viene atado, de la mano, con la delincuencia».

En respuesta a esta situación, el municipio se comprometió con la Gobernación a realizar un catastro de los permisos autorizados de funcionamiento, con lo cual se podrán ejecutar nuevas medidas para combatir el incremento del comercio ilegal en las calles de la Ciudad Puerto.