La Corte Suprema condenó a ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y a un colono de Villa Baviera, por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de María Cristina López Stewart y Álvaro Vallejos Villagrán, ilícitos perpetrados en mayo de 1974.

En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 15 años de presidio como autores del secuestro calificado de María Cristina López Stewart, víctima de la denominada “Operación Colombo”.

De esta manera, el brigadier (r) del Ejército, Miguel Krassnoff, sumó dos nuevas condenas por delitos de lesa humanidad, contabilizando un total de 642 años de presidio.

En la causa, resultaron absueltos por falta de participación en los hechos Óscar La Flor Flores, Sergio Díaz Lara, Roberto Rodríguez Manquel, Rudeslindo Urrutia Jorquera y Orlando Manzo Durán.

En la etapa de investigación, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos Hernán Crisosto Greisse logró establecer que la estudiante y militante del MIR, María Cristina López Stewart (21), fue detenida el 23 de septiembre de 1974 y trasladada al centro clandestino de la DINA en Ñuñoa, lugar desde donde se le perdió todo rastro en noviembre del mismo año.

Segundo fallo

En un segundo fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Pedro Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia a 10 años de presidio, como autor del delito de secuestro del dirigente del MIR Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, conocido como “El Loro Matías”.

En la causa, se condenó al miembro de la extinta Colonia Dignidad, Gerhard Wolfgang Mücke Koschitzke, a tres años y un día de presidio como cómplice del ilícito.

En la etapa de investigación, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Zepeda Arancibia, estableció que el estudiante y militante del MIR, Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, fue detenido por miembros de la DINA el 20 de mayo de 1974. El 29 de julio fue llevado a diversos centros de detención y torturas, momento en que se pierde su rastro.

En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $300 millones a la cónyuge e hija de la víctima.