La policía y las autoridades en Nicaragua han matado y encarcelado a personas sin someterlas a un juicio y han cometido actos de tortura, dijo el martes la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno poner fin a la violencia que ha cobrado la vida de 280 personas desde abril.

Un plan del presidente Daniel Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató una ola de protestas a mediados de abril. El Gobierno se retractó de la medida poco después pero su severa respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario.

«Se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión», dijo en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rupert Colville.

Ortega, un exguerrillero izquierdista que cumple su tercer mandato seguido, y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidente del país, han negado acusaciones previas de violaciones a los derechos humanos y han dicho que entre los fallecidos hay también miembros de la fuerza pública.

Además sostienen que la oposición es la responsable de los grupos armados violentos que buscan aterrorizar al país con «prácticas diabólicas».

«Estamos recuperando la seguridad, la paz, las posibilidades para el trabajo y la vida en nuestra Nicaragua (…) Hemos estado llenos de desgracia, producida por una minoría llena de odio (…) Volverá la sonrisa a iluminar los rostros de todas las familias nicaragüenses», dijo el martes Murillo en un contacto telefónico con la televisión pública.

«Operación limpieza» pretende acabar con protestas

Entre el viernes y domingo la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieron en universidades tomadas por manifestantes y rompieron los bloqueos de vías en varias ciudades dejando una decena de fallecidos.

La denominada «operación limpieza» tendría la intención de debilitar la base de las protestas contra Ortega, pero no sólo generó rechazo internacional sino que reavivó la convicción de los manifestantes para exigir la renuncia del presidente, quien enfrenta su peor crisis política desde que asumió en 2007.

El martes, pobladores de la comunidad indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros al sur de la capital, denunciaron un sitio de hombres armados, supuestamente pertenecientes a las «juventudes sandinistas».