El Gobierno firmó un decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el proyecto de ley “Agenda Pro-Inversión”, dos medidas que buscan agilizar los procesos para motorizar la actividad de las empresas en el país.

Esta instancia tiene por objetivo coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados.

Para ello, generará todas las coordinaciones con los distintos servicios públicos encargados de emitir permisos y autorizaciones para asegurar que se cumplan los plazos que establece la regulación y transparentar los procesos de licencias y permisos.

A esto se suma la Agenda Pro-Inversión, que buscará promover un clima y un escenario jurídico propicio para la inversión en nuestro país, eliminando imperfecciones o trabas regulatorias e inyectando eficiencia y modernización al Estado.

Las 12 medidas

1.-    Permitir a las municipalidades la entrega -de manera inmediata- de una patente provisoria por dos años, para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley.

2.     Implementar una plataforma digital, para hacer los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales.

3.     Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas.

4.     Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas.

5.     Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas.

6.     Permitir que Sernageomin mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras.

7.     Regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que, muchas veces, demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión.

8.     Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en hacer.

9.     Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes.

10.   Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de su competencia.

11.   Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente para saber si es pertinente dicha evaluación.

12.   Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión.