La jueza de garantía de Viña del Mar, Loreto León Pinochet admitió a tramitación la querella por fraude al fisco en contra de todos aquellas autoridades y funcionarios del municipio de la Ciudad Jardín que resulten responsables por el perjuicio causado por la fallida concesión de estacionamientos de la Población Vergara, que fue presentada por el diputado socialista Marcelo Díaz y el abogado Andrés Silva.

Además en su resolución la magistrado remitió de inmediato los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie a la investigación correspondiente.

Cabe precisar que la acción judicial busca determinar si la alcaldesa Virginia Reginato y varios directivos de la Municipalidad de Viña del Mar sabían o debían haber estado en conocimiento, desde hace varios meses, del traspaso de la concesión de estacionamientos de la Población Vergara entre dos empresas, para permitir que una de ellas cobrara una tarifa más elevada a los usuarios y pagara una renta menor a la que originalmente estaba dispuesta a pagar al municipio, lo que originó que se le pusiera término anticipado al contrato por parte del Concejo Municipal.

Dentro de los principales hechos que el Ministerio Público deberá investigar, se encuentra el determinar si la empresa concesionaria informó o no a la jefa comunal de este traspaso de concesión en , en una reunión que aparece registrada en la ley del lobby en la misma fecha que se estaba traspasando la concesión.

Así como también, explicó el diputado Marcelo Díaz, determinar por qué los funcionarios municipales responsables del contrato no verificaron antes las venta de la sociedad concesionaria, información que era pública y a la que se podía acceder fácilmente revisando las inscripciones de dicha sociedad en la pagina web del Registro de Comercio.

También se deberá investigar las razones que tuvo la Municipalidad para adjudicar este contrato a una empresa que no había presentado la oferta más ventajosa, pero que acreditaba mayor experiencia a través de una sociedad de propiedad del ex alcalde de , Raúl Alcaíno, quien vendió su participación en menos de 45 días de haberse iniciado el contrato.

Esta omisión y tardía actuación de parte de la Municipalidad de Viña del Mar, además de la excesiva tolerancia con los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, habrían ocasionado un perjuicio de a lo menos 500 millones de pesos en los meses que alcanzó a funcionar el cobro de parquímetros en la Población Vergara.