En la encuesta 222 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de abril, un 60% aprueba y un 25% desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, aumentando cinco puntos su aprobación respecto a la semana anterior.

Además, el estudio arrojó que la presentación de la nueva política de inmigración es la que impulsa la aprobación del Mandatario, ya que fue considerada como la principal noticia de la semana por un 59% de los encuestados. Entre ellos, un 75% se mostró de acuerdo con los anuncios y un 17% los desaprobó.

En este sentido, un 46% considera “positiva” la llegada de extranjeros al país, cifra que se mantiene estable desde la última medición de esta temática en marzo de 2018. Este resultado mejora significativamente entre los hombres (52%), los jóvenes (56%), los niveles socioeconómicos altos (57%), y los políticamente identificados con el centro (53%) y la izquierda (64%). Por su parte, un 43% sigue considerándolo “malo para el país”.

Restricciones

A su vez, un 85% apoya la idea de implementar mayores restricciones de inmigración, porcentaje que ha aumentado sostenidamente en el tiempo. Por el otro lado, sólo un 13% afirma que debe mantenerse una política de puertas abiertas hacia la inmigración, porcentaje que disminuyó seis puntos desde la última medición.

Este último resultado ayuda a comprender el alto apoyo que tuvieron los aspectos específicos de la nueva política de inmigración. Así, un 92% se mostró de acuerdo con que se establezca un periodo de 90 días para que los migrantes en Chile regularicen su situación, mientras que un 89% apoya que los extranjeros soliciten una visa en su país de residencia antes de venir a trabajar a Chile. Respecto a las visas especiales, un 71% apoya la creación de una visa de turismo de 30 días para haitianos, y un 66% está de acuerdo con la creación de una visa de responsabilidad democrática para venezolanos.

Finalmente, cuando un inmigrante comete un delito, un 57% cree que debería ser expulsado inmediatamente del país, un 30% considera que debe cumplir su condena en Chile y luego ser expulsado, y solo un 12% opina que debe cumplir su condena en Chile y luego decidir libremente si se queda o se va del país.