Continúan las repercusiones por la querella presentada por el fiscal jefe de Alta Complejidad de la región de La Araucanía, Luis Arroyo, en contra de funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) por presuntamente inventar filtraciones desde el Ministerio Público para perjudicarlo tras no aceptar implementar medidas fuera de la ley en el marco de la indagatoria en la «Operación Huracán».

En concreto, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, solicitó iniciar «una investigación administrativa inmediata» a Carabineros.

Según indicaron, la medida tiene como objetivo «esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público y que motivaron su decisión de no perseverar”.

Además, la Secretaría de Estado expuso que «dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo”.