El 24º Juzgado de Santiago acogió la demanda y condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $10 millones a la hija de una víctima del tsunami que afectó el 27 de febrero de 2010 al balneario de Llolleo, en la comuna de San Antonio.

La magistrada Patricia Ortiz acogió la acción judicial presentada por Rosa Pereira Quiroz, tras establecer la responsabilidad por falta de servicio del Estado en la muerte de su madre, Avelina Quiroz, al no tener implementadas las medidas que permitieran afrontar la emergencia.

En el fallo se indica que “encontrándose establecida la negligencia del jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, respecto del aviso oportuno a las víctimas del tsunami en San Antonio, entre éstas, la madre de la actora, debe asentarse que ha existido, entonces, una falta de servicio del Estado”.

Finalmente, la resolución agrega que “respecto al caos imperante que habría seguido al terremoto de febrero de 2010, si bien es cierto que tal argumento, para la gran mayoría de los ciudadanos y habitantes de la República de Chile podría resultar aplicable, dicha defensa no resulta aceptable respecto de los miembros de un organismo, formado y reglamentado”.