Diversos delitos asociados es lo que generan los casos de usurpación de aguas y extracción de áridos a lo largo y ancho del territorio nacional, y donde la PDI está trabajando en el último tiempo en Limache.

La investigación se enfoca desde la arista económica por el no pago de impuestos de cooperativas y empresas que sacan áridos de ilegalmente, hasta medioambientales, al poner en riesgo obras públicas o propiedad civil, generando cambios en cauce de ríos, haciendo peligrar estructuras o población aguas abajo.

Por lo tanto, la PDI trabaja de manera conjunta con otras entidades como municipios, Dirección General de Aguas y el SII, transformándolas en tareas intersectoriales de gran interés.

Permisos

Si bien los permisos de extracción de áridos dependen de cada municipio, las normativas prohíben que las empresas puedan extraer material en zonas cercanas a puentes por lo que continuamente el Ministerio de Obras Públicas debe estar reparando dichas zonas para no poner en riesgo las estructuras.

Al respecto, el subjefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Limache, comisario Claudio Flores, señaló que «en agosto tuvimos dos investigaciones: por extracción de agua desde un pozo sin los permisos legales y por una bomba de sustracción en el canal Waddington, la que abastecía la construcción de un condominio”.

El análisis que realiza la PDI en esta materia ha determinado que este tipo de delitos se extiende por todo el territorio nacional, generando “una serie de infracciones asociadas y por ello invitamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos en las Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente o en la unidad más cercana”.

Cabe destacar que entre 2016 y 2017, en todo el país hay 119 órdenes de investigar e instrucciones particulares relacionadas a extracción de áridos o usurpación de aguas investigadas por las Bidemas.