Esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal, que castigará a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional, étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.

La iniciativa establece una pena por este delito de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales, de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.

En caso que el delito sea cometido por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

Además, se modifica la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.

Asimismo, se elimina la norma de la ley de prensa que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, a través de cualquier medio.

Reivindicación

Al respecto, la Mandataria indicó que «estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, explicó la máxima autoridad nacional.

Por último, sostuvo que «estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto».