El diputado PS Leonardo Soto ofició al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Ricardo Solari, ante la omisión en los noticieros de la estación de la huelga legal desarrollada por los trabajadores de Homecenter Sodimac, acusando que existen “graves indicios de censura para cuidar avisadores”.

En el documento se pide exponer “las razones por las que el Departamento de Prensa de TVN ha omitido de su cobertura periodística la movilización”, solicitando indicar si lo anterior “fue objeto de discusión en alguna instancia editorial y/o directiva de TVN”.

“Sodimac es una de las mayores empresas de Chile, con tiendas desde Arica a Punta Arenas y ganancias millonarias; su sindicato es uno de los más grandes del país con más de 8 mil afiliados, y es la primera vez que efectúa una huelga legal, que se extiende por semanas. ¿Por qué para TVN no es noticia? Eso es lo que queremos que respondan formalmente”, explicó el legislador PS.

El texto alude al capítulo sobre “Intereses Publicitarios de TVN” de su Política Editorial, que establece que los compradores de espacios publicitarios no recibirán “ventaja alguna en el quehacer programático e informativo” y que por tanto no podrán exigir “que se omitan informaciones que, a juicio de ellos, puedan serles lesivas”.

En esa línea, el oficio fiscalizador despachado por el diputado Soto busca establecer “si la empresa Homecenter Sodimac realizó directa o indirectamente sobre el cuerpo directivo o editorial de TVN alguna gestión tendiente a omitir de su parrilla informativa el hecho noticioso en cuestión”.

Asimismo, el documento enviado a Solari pide indicar si TVN “considera la movilización en cuestión como un hecho noticioso relevante de carácter nacional, y en consecuencia, reconoce que su cobertura es necesaria tanto para dar cumplimento al principio pluralista que rige su quehacer como para observar correctamente el derecho social a la información”.

“Es necesario que el directorio de TVN despeje este punto con claridad, porque sería inaceptable y un grave atentado para la democracia, reconocido en el mismo estatuto del canal, que los intereses comerciales determinen lo que la ciudadanía tiene o no derecho a ser informada por parte de la televisión pública”, concluyó Leonardo Soto.