Tras dos semanas de la lamentable agresión física que sufrieron dos de los cuatro fiscalizadores que cumplían con su labor en dependencias de la empresa de microbuses Sol y Mar, ubicada en calle Hipódromo 720, sector de Peñablanca, las autoridades regionales del trabajo presentaron una denuncia en contra del empresario Rodrigo Sánchez, administrador de la garita de transportes, quien fue identificado por los afectados como el autor y responsable de los ataques que recibieron los funcionarios.

A través de este recurso, y dada la gravedad de los hechos, el Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección Regional, pretende establecer un precedente para que sea la Justicia quien determine las sanciones que correspondan a quien fue señalado como el responsable de los ataques, medida que se efectúa por primera vez en la región, ante hechos similares.

Al respecto, la Seremi de la cartera, Karen Medina, manifestó su solidaridad y compromiso con los afectados, indicando que una “una agresión como ésta no la podemos dejar pasar. Queremos que nuestros funcionarios se sientan protegidos cuando ejerzan una labor tan noble como es la fiscalización de las condiciones laborales de otro trabajador”.

Tras comentar cómo ocurrieron los hechos, Jorge Andreucic, Director Regional del Trabajo, reiteró que como organismo se tomó la decisión de presentar esta acción legal, ante los antecedentes con los cuales se contaban, sumándose a la denuncia interpuesta en Carabineros el día de la agresión, señalando que “el objetivo es dar una señal de respeto ante la acción fiscalizadora establecida por la autoridad, independiente de que tengamos una mala disposición para el cumplimiento de esa labor, pero lo importante es que ésta se lleve a cabo de manera segura”, indicó.

Patricio Pizarro, presidente de la Asociación de Funcionarios Profesionales de la Dirección Provincial del Trabajo en Quilpué, y vocero de los afectados, confirmó que los funcionarios aún se encuentran bastante afectados por esta acción, reiterando que es lamentable que “en lo psicológico, la presión de los empleadores hacia los trabajadores es permanente, ya que en muchos casos, los empleadores están bastante estresados, y eso genera un maltrato a la persona desde la palabra”.

En tanto, Daniela Cabrera, asesora jurídica de la entidad laboral, ratificó que la empresa se expone a multas respecto a las agresiones propinadas por el administrador de dicho terminal de microbuses, agregando que en este caso, “la entidad ha sido en reiteradas ocasiones fiscalizada por su alto grado de infraccionalidad”, lo que se traduce en sanciones por incumplimiento en jornadas de trabajo, registro de asistencia, faltas con respecto a temas de salud y seguridad en el trabajo, además de problemas con sus organizaciones sindicales.