Una dura pugna se está viviendo actualmente en el sector costero de Los Molles, en la comuna de La Ligua, Petorca; esto, luego que durante el Gobierno Regional pasado, bajo la administración del intendente Raúl Celis, se cambiara el Plan Regulador del uso de suelo de la localidad de Puquén, pasando de ser un terreno con una exquisita riqueza arqueológica, además de su exquisita flora y fauna, a uno donde se edificará una zona urbana.

La molestia radica en que este lugar, convertido en zona protegida, pase a ser ahora una zona con casas y edificios, donde incluso se espera la llegada de más de 42 mil personas en un terreno donde –hasta el momento- no vive nadie. Pero lo que más remeció a las autoridades que denunciaron el hecho fue que esta medida se tomó entre el Consejo Regional (Core) y el intendente Celis a sólo escasos días de dejar la administración regional.

Puquén, que significa “bufido de ballena”, es un sector costero de Los Molles con asentamientos indígenas, que poseen cataratas de mar, zonas para la pesca, balneario y una serie de atractivos turísticos, los que con este cambio en el Plan Regulador pasarán a ser terrenos donde se ejecutarán obras inmobiliarias en cerca de 1.400 hectáreas, hecho que generó gran discrepancia tanto entre los lugareños como en miembros del Core actual y de otro actores políticos de nuestra región.

Contraloría

Tras la aprobación por parte del ex jefe regional, los documentos llegaron a manos del actual mandamás del Gobierno Regional, el intendente Ricardo Bravo, quien –como indica el protocolo- tuvo que entregar hace algunos días los antecedentes a la Contraloría Regional de la República para que sea este organismo el que se pronuncie sobre si se lleva a cabo este uso de suelo o no, atendiendo todas las características que en los papeles están incluidos.

Ante esto, el consejero regional (core) de Renovación Nacional (RN), Jaime Perry, dijo que “el Consejo lo aprobó antes que asumiéramos y ahora es el intendente Ricardo Bravo el que despacha el documento a Contraloría. Esperamos que lo rechacen y se devuelva esta documentación al Consejo Regional para que se pueda revertir y que en definitiva se analice de mejor esta situación que afecta a mucha gente de Los Molles, de sus alrededores e incluso a los turistas que van continuamente a este lugar”.

Frente a este tema, el actual intendente regional, Ricardo Bravo, dijo que “a mí me corresponde hacer el procedimiento de enviar este proyecto, que fue aprobado, hacia la Contraloría porque corresponde que ellos hagan la toma de razón. Este plan fue votado unos días antes del cambio de gestión, por eso me llama mucho la atención que se haya hecho con tanta celeridad. Creo que debería haber esperado al nuevo Consejo. Así que espero que el organismo lo tome en consideración y se transparenten las peticiones que no fueron escuchadas”.

Suspicacias

En estricto rigor, y tal como informaron fuentes a El Epicentro, las 1.400 hectáreas de la zona norte de Los Molles en cuestión pertenecen a particulares, que efectivamente son quienes cuidan la zona que hasta el momento sigue siendo protegida, en desmedro de otros organismos públicos que pudieran hacerlo como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o el mismo Ministerio de Agricultura, entre otros. Y es justamente este hecho el que genera las suspicacias entre las autoridades actuales.

Acerca de la celeridad que dio el Gobierno Regional pasado para aprobar este proyecto, la máxima autoridad actual dijo que “siempre es cuestionable que a última hora se tomen decisiones tan relevantes y sin existir una estabilidad. Lo mismo pasó en Inversión, donde dije que no es bueno que la cartera de proyectos fuera sancionada días antes de dejar el cargo. No me parece que fuera una buena decisión del ex intendente el haber aprobado y presentado esto, yo creo que debería haber esperado a que llegaran las nuevas autoridades y el renovado Consejo Regional”.

Misma situación fue planteada por el consejero denunciante, Jaime Perry, (recordamos que es de la misma tendencia política que el ex intendente) quien dijo que “no se puede hacer esto a la rápida, no se le puede dar un sentido de urgencia a algo que no la tiene. ¿Qué tan urgente es? ¿Cuál es el afán en hacer esto? Ahí uno piensa mal. No puedo decir que acá haya colusión, un traspaso de platas o algo así porque no me consta. Pero me pregunto por qué se le pone urgencia a cosas que no son urgentes. Eso me llama la atención y yo lo denuncio”.

Preocupación

Así como lo planteó el funcionario del Core, otro de los políticos de nuestra zona que quiso entregar su opinión frente al tema fue el senador (RN) por la Quinta Región Costa, Francisco Chahuán, quien se mostró muy preocupado por el tema por considerar que “se hicieron cambios en el Plan Regulador para establecer una zona de extensión urbana en el BioParque Puquén, pasando a tener una alta densidad. Acá se cambia una zona prioritaria a una donde se habilita la llegada de 30 personas por hectárea, entonces es un tema muy complejo”.

“Acá hay que proteger el medio ambiente. Estos cambios en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) lo hemos visto justamente en zonas como esta que debemos proteger. Así que junto al consejero Perry hemos iniciado las acciones para proteger este BioParque tan importante para la zona de Los Molles”, recalcó Chahuán. Consultado acerca de la aprobación a última hora de este proyecto, el parlamentario dijo no tener los antecedentes necesarios para entregar una opinión.

Zona oriente

Mientras en la zona norte de Los Molles se busca cambiar el uso de suelo, pasando de ser –como ya mencionamos- una zona protegida con importantes riquezas arqueológicas, de flora y fauna a una zona urbana; la zona oriente de este turístico lugar de La Ligua, que en primera instancia era la zona hacia donde la urbanización se iba a extender, pasará a ser una zona industrial. Todo esto, luego que se aprobaran los cambios en el Plan Regulador durante el último Gobierno.

Ante esto, el core Jaime Perry agregó que “al Oriente de Los Molles existe una zona que está declarada y que es el crecimiento lógico en materia urbana donde no hay vestigios indígenas, donde no es zona protegida, que se declaró como zona de extensión urbana para que allá crezca. Esa zona, por este instrumento, se va a cambiar su zona de suelo y pasará a ser zona industrial. Vamos a cambiar una zona protegida por un negocio inmobiliario”.