En una extensa audiencia   en que el alcalde de La Calera, Eduardo Martínez declaró por más de una hora los pormenores que determinaron la demolición del inmueble en que funcionaba la Universidad de Aconcagua (UAC), culminó la investigación por el presunto delito de desacato en el que habría incurrido el jefe comunal, quedando a la espera del inicio del juicio oral.

La audiencia fue solicitada por la defensa del jefe comunal, con la finalidad de explicar ante el Juzgado de Garantía, sus motivaciones y los hechos que lo llevaron a dictar el decreto que terminó con el derrumbamiento de la antigua construcción de adobes que se encontraba en calle Latorre, donde hoy se erige la obra gruesa del Centro Cultural de la comuna.

En su intervención, la autoridad comunal señaló que la negativa de la Casa de Estudios Superiores de abandonar el recinto municipal que le había sido cedido en comodato y las presiones que realizó esta institución para exigir un recinto en mejores condiciones y más tarde de sacar provecho económico con la situación, podrían haber hecho perder más de 900 millones de pesos a La Calera, situación con la que fácilmente pudo haber sido acusado de notable abandono de deberes.

Además, Martínez recordó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó que el conflicto debía zanjarse “por la vía judicial o administrativa”. Fue esta última opción la que ejerció el alcalde Martínez al disponer la demolición de la ex Escuela Latorre, acción fundamentada, además, en documentos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas que en 1994, declaraban a las instalaciones como “inutilizables” y, por lo tanto, como riesgosas para la seguridad de la comunidad. No obstante, el jefe edilicio aclaró que tras la búsqueda de una salida administrativa se descubrió que el viejo inmueble no registraba permiso de construcción ni recepción de la obra, por lo que legalmente se debía proceder a su demolición.

En sus declaraciones, el alcalde Eduardo Martínez se manifestó como único responsable de la orden de demolición del inmueble que ocupaba la UAC.

Repreguntado por la Fiscalía, Martínez aclaró que en su oportunidad la entonces asesora jurídica municipal, la abogada Court, le informó que procedía dictar un decreto de demolición por las causas contenidas en la Ley de Construcciones y Urbanismo, pero que “la decisión final –como corresponde- la adopté yo, de manera personal y en pleno ejercicio de mis facultades y obligaciones como Alcalde”.

Con esta declaración, Martínez desvirtuó la responsabilidad que los querellantes pretendieron atribuir a la profesional del municipio por supuestamente haber “forzado o inducido” al jefe edilicio a cometer un acto ilícito; es decir, el presunto delito de decacato.