Como una nueva arbitrariedad y muestra del desamparo en el que se encuentran los funcionarios del servicio, se calificó al interior de la Fiscalía Metropolitana Sur la reciente desvinculación del funcionario Jordán Salinas Araya, encargado de custodiar las especies del denominado “caso bombas”, quien además participó del reordenamiento de las bodegas luego que la actual administración regional, constatara la pérdida de dinero y otras especies en esta jurisdicción. 

El citado funcionario, con  seis años de ejercicio en el mismo cargo, registra en su último año de evaluación un sobresaliente 6.7, y además cuenta con dos anotaciones de mérito en su hoja de vida.

Además, Salinas Araya se hizo cargo del catastro y registro de salida de las especies del denominado “caso bombas”, creando incluso registros de respaldo para reforzar el inventario y control sobre las mismas.

Para el Directorio de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur,  AFFREMSUR, la aplicación del art. 81 k) de la ley orgánica constitucional del Órgano Persecutor (desvinculación por necesidades del servicio), aparece como una arbitrariedad, dada la vaguedad de la justificación que se esgrime en este caso.

A ese respecto, cabe señalar que el 8 de abril se hizo una presentación a la Fiscalía Nacional en conjunto con la FENAMIP (Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público), pidiendo se revierta la desvinculación de este destacado funcionario.

Tras no haber recibido respuesta a la fecha sobre dicha reclamación, el pasado 30 de Mayo, se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.