marchaLa CUT adhirió al paro nacional convocado por los estudiantes para el próximo 26 de junio en demanda de una profunda reforma estructural en el modelo educativo chileno que lleven a la gratuidad de la enseñanza y a terminar con el lucro.

“Deseo expresar públicamente nuestra adhesión a la convocatoria que ha desarrollado el movimiento estudiantil para el día miércoles 26 de junio, la marcha por el derecho a la educación a la que han adherido diversas organizaciones del mundo social y sindical”, señaló la presidenta de la CUTBárbara Figueroa.

La dirigente recordó que al llamado al paro convocado por los estudiantes universitarios y secundarios y elColegio de Profesores, se han adherido diversos sindicatos, entre ellos los trabajadores portuarios y del cobre y organizaciones sociales.

“Nuestra participación a esta jornada que tal como dijo en su momento Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, es parte del itinerario de movilizaciones que en nuestro caso tiene un gran hito convocado para el 11 de julio, cuando nosotros hemos llamado a un gran paro nacional”, agregó.

La CUT está demandando una reforma tributaria, un cambio sustancial en la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que en su opinión entregan unas “jubilaciones indignas” a los trabajadores y un sueldo mínimo de 250 mil pesos (unos 500 dólares).

Por otro lado, Figueroa rechazó enfáticamente la represión policial en las últimas movilizaciones y en los desalojos de los liceos ocupados.

“Un Gobierno que se siente fracasado inicia acciones represivas como único mecanismo de control, por lo tanto no sorprenden, pero aún así hay que ser enfáticos en el rechazo” concretó.

Figueroa afirmó que “no puede el Estado ponerse a disposición de la fuerza represiva y justificarla por el simple hecho de que hay pequeños sectores que creen que la manera es ser más radicales, pero eso no justifica el actuar represivo de las fuerzas de Estado”

El pasado domingo, los estudiantes llamaron a un paro nacional para el próximo 26 de junio, como parte de las movilizaciones que llevan a cabo desde hace dos años y medio con el fin de acabar con el lucro en la educación.

Las demandas de los estudiantes se fundamentan en que la educación es un derecho y no un bien de consumo, como a su juicio la consideran el gobierno y los sectores políticos.

Sobre esa base, demandan la gratuidad y el fin del lucro que, en su opinión, es el objetivo de la mayoría de las universidades privadas, en circunstancias que está prohibido por la legislación vigente.

Las protestas comenzaron en 2011, cuando los alumnos empezaron a pedir cambios al sistema impuesto en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo la aportación del Estado y abrió la educación al mercado, lo que encareció el costo de los estudios.

Los jóvenes, sus padres y apoderados, recurren a créditos para poder financiar sus estudios superiores, iniciativa que les deja amarrados hasta por 20 años con las entidades financieras que cobran altos intereses.