Una comunidad de indígenas bolivianos elaboró un sistema judicial propio que establece la amputación de las manos para ladrones reincidentes y la castración química a violadores, informó uno de sus líderes, Carmelo Titirico.

Titirico recalcó que la aplicación de esos castigos es parte de la llamada ‘justicia comunitaria’, que fue aprobada por la Constitución promulgada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2009.

La comunidad aimara apoya estos castigos tan severos, porque considera que es la única forma de terminar con estos delitos, incluso los indígenas están dispuestos a pagar el coste de la operación médica de amputación y castración química de los delincuentes con sus propios recursos.

«La justicia indígena originaria se maneja de otra manera, no es entre cuatro paredes como la ordinaria. No vamos a mandar a la cárcel en estos casos», afirmó el dirigente, consciente de que las medidas podrían resultar en un rechazo de la comunidad mundial.

A pesar de estas penas límite, la ‘justicia comunitaria’ tiene ciertos límites, definidos por la Constitución: no es aplicable al terrorismo, corrupción, homicidio, trata y tráfico de personas y de armas, y otros crímenes graves. Aún así, muchos indígenas evitan optar por cualquier órgano de justicia ordinaria y prefieren decidir por su propia voluntad torturar y linchar a los supuestos ladrones o asesinos, invocando estas normas internas.