Existen muchas interrogantes que resolver en los escenarios complejos que hoy remecen la sociedad chilena.

¿Cómo avanzar hacia sistemas políticos más transparentes, en los cuales la relación de los negocios con la política no amenace la democracia?

¿Hasta cuando postergar la Transparencia en el financiamiento de los partidos políticos?

¿Cómo desatar el nudo ciego del sistema binominal donde un puñado de militantes de los partidos imponen candidatos y además son dueños de los cupos en el parlamento?

¿Se cumple la  ley en materia de  incompatibilidades, conflictos de intereses de parlamentarios y autoridades?

¿Por qué no exigir por ley un examen de pelo obligatorio y sorpresivo detector de consumo de sustancias psicotrópicas a los directivos, jefes de servicios, autoridades centrales, comunales y regionales, jueces y parlamentarios? La doga no es una fantasía y cada vez la sentimos más cerca.

¿Por qué no fijar similares criterios de transparencia y seguridad a los directorios corporativos de las grandes empresas que son contratistas del Estado?

Se trata de una necesidad real. Profundizar la democracia es cuestión de seguridad nacional y esto pasa por eliminar la plutocracia histórica que existe en nuestra sociedad. Eliminar el nepotismo con apellidos que se repiten como verdaderas dinastías y abrir espacios a caras nuevas. Se trata, por otra parte,  de prevenir que el afán de lucro distorsione las políticas públicas, generando medidas que aseguran ganancias a los privados en desmedro del interés general de la sociedad.

En la relación de Política y Negocios: no se puede servir a dos señores, o se está en el servicio público o se está en los negocios. Cuando se confunden los planos y se usa la política para el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la obtención de prebendas, favores discriminatorios, estamos frente a una de las más peligrosas formas de corrupción, ya que se coluden los intereses particulares -del político o funcionario con los del agente económico privado- para terminar perjudicando el interés de Estado y la leal competencia en el mercado.

Monopolios, relaciones impropias entre autoridades que se reciclan a cargos de directorios de corporaciones privadas a las que antes fiscalizaban, son hechos gravísimos, obviamente contrarios a la ética pública y privada. La solución de estas trenzas de poder está en profundizar la democracia y la fiscalización ciudadana de los agentes públicos y privados, manejando información en forma libre y responsable y procurando un periodismo independiente y profesional.

Chile estira el elástico en las crisis y tiende a olvidar el quiebre profundo que se vivió hace más de cuatro décadas.
En la antesala de las primeras elecciones municipales con un nuevo padrón electoral, un clima de incertidumbre orbita por los pasillos del poder. Esta democracia representativa  imperfecta, construida “en la medida de lo posible”, está sometida a la presión de movimientos sociales de impredecible comportamiento electoral, que presionan por los cambios de fondo, como lo son reducir la brecha entre ricos y pobres con un orden que respete las mayorías y profundice la democracia, asegurando a la ciudadanía la libertad de expresión y espacios para una participación activa y responsable. Creo que el gran desafío es resolver estas incertidumbres. Por una comunidad nacional que asuma sus deberes y no sólo vocifere por sus derechos.