Ante un problema de nivel nacional, que además de grave es recurrente, las medidas que se adoptan de manera aislada, sin que haya una conexión lógica entre ellas, lograrán también, resultados dispersos que pueden proyectarse como soluciones aparentes, y por tanto, irreales.

Y dentro del contexto de la seguridad ciudadana, nada puede ser más grave que el abuso sexual infantil que se comete al interior de los recintos educacionales, un entorno que se considera seguro para la integridad de los escolares y por tanto, no está sujeto a ningún tipo de sospecha previa o indagación por parte de los papás.

Como ya es de dominio público, esa confianza fue vulnerada por la presencia de pedófilos que ejercían algún tipo de docencia en colegios de Santiago y de la Quinta Región, delincuentes que buscaron a sus víctimas en el sector más frágil del alumnado: los niños que cursan la etapa pre escolar, vale decir, pequeños que recién han dejado los pañales y que incluso, carecen del lenguaje suficiente para expresarse.

Frente a la crueldad de tales hechos, la respuesta del Estado  parece insuficiente y desvinculada de la realidad, cual es el caso de la creación de un registro público de pederastas, con fuerza de ley desde el 12 de junio del año en curso, cuyos propósitos son, por una parte, identificar a los delincuentes sexuales, inhabilitándolos para trabajar con menores, y por otra, obligar a los colegios a consultar el listado antes de contratar a un profesor o paradocente.

Lamentablemente, esta norma permite conocer a los depredadores que han sido juzgados y condenados pero deja fuera a los numerosos pedófilos que en algún momento se integrarán al personal que labora en los colegios y escuelas del país.

En consecuencia, la primera prioridad consiste en promulgar leyes específicas para todos los establecimientos de educación básica, normas estrictas que hasta ahora no existen, tales como imponer trabas legales insalvables para quienes intenten abrir parvularios a espaldas de la JUNJI, y obligar a los que ya están autorizados, a investigar el currículo  de los postulantes, sometiéndolos además, a un examen psicológico efectuado por un profesional.

Durante la ceremonia en la cual se promulgó la vigencia del registro público de pedófilos, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reconoció que el abuso sexual a menores es uno de los delitos con mayor tasa de incidencia en el país y adujo que el nuevo instrumento contribuirá a reducir las cifras actuales.

No obstante, no estableció ningún vínculo entre esos delitos y los vacíos legales que todavía permiten la creación de jardines infantiles riesgosos, sobre todo en los barrios más apartados del país, ni tampoco se refirió a los requisitos de seguridad que deberían ser obligatorios en todos los colegios y parvularios, lo que deja a los padres con la tremenda responsabilidad de investigar por su cuenta, sin contar con los medios ni la experiencia para hacerlo.

Otra iniciativa del Ministerio del Interior consistiría en utilizar un perro adiestrado en la PDI para interactuar con los niños que han sufrido algún tipo de abuso sexual, en el proceso de obtener sus declaraciones.  Esta es otra medida correctiva que no incidirá para nada en la prevención de los delitos que durante junio y julio, impactaron a la opinión pública y que hoy ya no constituyen noticia.

Mientras tanto, la confianza de la ciudadanía parece retornar, y justamente allí es donde está el peligro.

Sigrid Boye